¿Es México actualmente un Estado de derecho?

La pregunta no se responde con un sí o un no. México sigue siendo una democracia electoral con comicios competidos, pero los contrapesos que definen un Estado de derecho, como un poder judicial independiente y los órganos que vigilan al poder, se han debilitado de forma medible en los últimos dos años. La señal no es el colapso. Es la erosión.

El Estado de derecho no es un interruptor que se enciende o se apaga. Es un espectro, y por eso conviene empezar por una medición externa. En el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project, México ocupa el lugar 121 de 143 países, con una calificación de 0.40 que cayó respecto al año anterior. Sus peores rubros son demoledores para cualquier inversionista o ciudadano. La ausencia de corrupción se queda en 0.27, lugar 134, y la justicia penal en 0.25, lugar 135. El subíndice de límites al poder gubernamental también retrocedió. No es una opinión. Es la fotografía que ven los organismos que califican riesgo país.

La reforma judicial y la elección de jueces

El cambio más profundo es la reforma constitucional de septiembre de 2024, que convirtió a México en el primer país del mundo en elegir por voto popular a todos sus jueces, incluidos los ministros de la Suprema Corte. La primera elección judicial se celebró el 1 de junio de 2025, con cerca de 2,700 cargos a partir de más de 7,000 candidatos.

El problema no es la idea de participación ciudadana, sino cómo ocurrió en la práctica. La participación fue de apenas 13 por ciento, una de las más bajas de la región según observadores de la OEA, lo que entrega un poder judicial elegido por una minoría. En una boleta con miles de nombres desconocidos, el votante promedio no podía decidir con información, así que necesitaba una guía. Esa guía existió. Circularon ampliamente los llamados acordeones, listas que indicaban por quién votar, y los ganadores fueron casi uniformemente quienes aparecían en ellas. Seis de los nueve nuevos ministros de la Suprema Corte fueron nominados por el partido en el poder.

Cuando el votante no decide con información y una lista decide por él, la elección no distribuye el poder. Lo concentra en quien imprime la lista.

Más grave aún, investigaciones de organizaciones civiles documentaron que varios candidatos aprobados tenían vínculos creíbles con narcotraficantes condenados o con grupos criminales, y algunos llegaron a ganar. Human Rights Watch concluyó que la reforma, lejos de democratizar la justicia, probablemente la hará más leal al gobierno, y la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de jueces advirtió que la elección directa debilita esa independencia. Cuando quien juzga llega por una lista del poder político, o por padrinos criminales, el contrapeso judicial deja de serlo.

El desmantelamiento de los contrapesos

El segundo movimiento, aprobado en noviembre de 2024, fue la eliminación de siete órganos constitucionales autónomos. Entre ellos el instituto de transparencia (INAI), la comisión de competencia (COFECE), el regulador de telecomunicaciones (IFT), el de evaluación social (Coneval) y los reguladores de energía e hidrocarburos. Sus funciones se absorbieron dentro de las secretarías del Ejecutivo.

El riesgo de fondo es estructural, y lo señalaron desde el Colegio de Abogados de Nueva York hasta despachos internacionales. Cuando el vigilado absorbe al vigilante, el conflicto de interés es absoluto. La transparencia, la competencia económica o la regulación energética dejan de tener un árbitro independiente y pasan a depender de la voluntad del gobierno en turno. Para una empresa que invierte, eso significa que la regla del juego ya no la fija un órgano técnico sino una decisión política.

La Fiscalía y la Secretaría de Buen Gobierno

La captura más delicada no siempre cambia la ley. A veces solo cambia a la persona. La Fiscalía General de la República es formalmente autónoma desde 2019, pero esa autonomía depende por completo de quién la encabeza. Durante años, su titular Alejandro Gertz Manero fue criticado por uso político y justicia selectiva. En noviembre de 2025 salió de la institución, en medio de señalamientos de que su remoción coincidía con investigaciones incómodas para el oficialismo.

Quien lo sustituyó profundiza la pregunta sobre la independencia de la Fiscalía. El 3 de diciembre de 2025, la mayoría de Morena en el Senado designó a Ernestina Godoy como fiscal general, con 97 votos. Godoy no es una figura técnica neutral. Pertenece a la vieja guardia del movimiento, fue fiscal de la Ciudad de México durante el gobierno capitalino de Claudia Sheinbaum y, antes de llegar a la Fiscalía, se desempeñaba como Consejera Jurídica de la Presidencia, es decir, la abogada de confianza de la presidenta. La oposición calificó el proceso de simulación y advirtió un riesgo evidente. Una fiscalía dirigida por una persona tan cercana al poder difícilmente investigará a ese poder, y sí puede volverse instrumento contra sus adversarios. En el Senado se planteó incluso si Godoy garantizaría impunidad a aliados señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado. La preocupación de fondo no es su capacidad, sino la línea que separa a una fiscal autónoma de una operadora política del movimiento que la nombró.

Una fiscalía autónoma en el papel, pero dirigida por la abogada de la presidenta, no investiga al poder. Lo protege.

A esa concentración se suma la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, creada en noviembre de 2024 en sustitución de la antigua Secretaría de la Función Pública, y encabezada por Raquel Buenrostro. Es una dependencia del propio Ejecutivo que ahora concentra el combate a la corrupción y absorbe las funciones de transparencia que antes ejercía el INAI autónomo. El problema vuelve a ser el mismo. Una anticorrupción operada desde el gabinete investiga al gobierno desde dentro del gobierno, lo que abre la puerta a una aplicación selectiva, severa con los opositores y benévola con los propios. La transparencia, mientras tanto, deja de estar en manos de un órgano independiente y queda sujeta a la discrecionalidad oficial.

Conviene no caer en el catastrofismo. No toda institución cedió. El Banco de México es el ejemplo del contrapeso que resistió. Aunque el nombramiento de su gobernadora en 2022 encendió alarmas por tratarse de una funcionaria cercana al gobierno, en los hechos el banco central conservó su credibilidad y su independencia técnica. La erosión es real, pero no es total ni uniforme, y esa diferencia importa.

El argumento del otro lado

Un análisis serio no puede ignorar la defensa del gobierno, que tiene asideros reales. Sus partidarios sostienen que el viejo poder judicial era elitista, costoso y permeable a la corrupción y al nepotismo, y que servía a intereses privados más que a la ciudadanía. Argumentan que elegir jueces los acerca al pueblo, y que muchos órganos autónomos eran caros, duplicaban funciones y habían sido capturados por las élites que decían vigilar. Hay verdad en el diagnóstico. La justicia mexicana arrastraba impunidad y desigualdad profundas. La discrepancia no es sobre el problema sino sobre el remedio, y sobre si concentrar el poder para limpiarlo no termina por eliminar justo los frenos que impiden su abuso.

Entonces, ¿es México un Estado de derecho?

La respuesta calibrada es la siguiente. México conserva su democracia electoral, pero sus contrapesos liberales, la independencia judicial y los órganos de control, se han debilitado de forma sostenida y medible. Hay que distinguir dos cosas que suelen confundirse. Que se siga votando no significa que el poder esté limitado. La democracia electoral puede convivir con la concentración del poder, y eso es precisamente lo que describen los índices y los observatorios internacionales cuando hablan de erosión democrática.

Para el ciudadano, esto se traduce en menos garantías frente al Estado. Para quien invierte u opera en el país, en un riesgo concreto. Cuando los árbitros dependen del poder, la regla del juego puede cambiar sin previo aviso, y un conflicto ya no se dirime ante un tercero imparcial. No es el fin del Estado de derecho en México. Es su adelgazamiento. Y la diferencia entre erosión y colapso depende de lo que pase en los próximos años, empezando por la segunda elección judicial de 2027.

Este texto es un análisis de fuentes abiertas con fines informativos. No constituye asesoría legal ni una toma de postura partidista. Busca describir, con la mayor objetividad posible, una dinámica institucional documentada por organismos nacionales e internacionales. Las valoraciones reflejan el mejor análisis disponible a la fecha de publicación.